La igualdad como principio rector de la Revolución Francesa de 1789, junto con la libertad y la fraternidad, tríada emblemática del constitucionalismo social contemporáneo, integran un conjunto de conceptos y principios que no pueden operar sino aunados, en la realidad y funcionamiento institucional de las naciones.
Sabido es que igualdad sin libertad deviene en totalitarismo, que pasa el rasero nivelando en la línea inferior de la estructura social, con la consecuencia inexorable de mediocridad. Eso se sabe y se aprecia fácilmente a la luz de la experiencia universal, pero lo que no siempre se advierte es que igualdad sin fraternidad tampoco funciona, es ilusoria y efímera, no sirve al propósito del progreso de las personas y los pueblos.
En la separata “Cartas de la semana” del periódico español “El País semanal”, editado en Barcelona, ejemplar del 20/11/2016, en la página 4, encontramos una concisa pero profunda reflexión del lector Luis Fernando Crespo, de Madrid. Comparte la idea y propósito de acabar con la desigualdad, muy en boga en el lenguaje político de los gobiernos nacionales y de los entes municipales, que han creado y publicitado dependencias y cargos específicos para ello. Empero, sentencia –a nuestro modesto entender con atinado precepto- que “la igualdad no cabe en un Ministerio, en un Estado, ni siquiera en un organismo multinacional; hacer efectiva la igualdad exige conseguir la cohesión social como opción colectiva, o –dicho de otra forma- renunciar al mercado como único proveedor de bienestar”.
Además de compartir la expresión transcripta, agregamos que tal renuncia debe estar referida también al Estado, no se iguala estrujando las arcas públicas con planes dadivosos que apuntan al ocio y a la corrupción política, necesariamente, como sabemos sucede con la llamada política de “inclusión”, en la jerga demagógica criolla.
En efecto, la cohesión social como opción colectiva debe nacer y desarrollarse horizontalmente y en el seno mismo de la sociedad, en la asociatividad con fines económicos y culturales. La función estatal es de fomento y regulación legal, apoyo que también les corresponde asumir a todas las entidades que agrupan a las personas con otros diversos fines específicos: gremiales, vecinales, políticos, culturales, etc. Etc.
Se trata nada más y nada menos que de la solidaridad en ejercicio, a partir y dentro del tejido social. Nuestro país ha tenido excelente experiencia y demostración en materia de cooperativas, mutuales, proveedurías gremiales o abiertas. Ese es el camino de lo perdurable, serio y eficaz, para cuando superemos la etapa grosera de la dádiva que alienta la vagancia y el desdén, en provecho de los astutos demagogos explotadores de la pobreza, la miseria y la ignorancia en amplios sectores postergados de la población, realidad social que no obedece al azar ni a la fatalidad, sino a la perversa intención, al direccionamiento, de la corrupción enraizada en la conducción política nacional.
El profesor Eugenio Di Marco (La Voz del Interior, 25/10/2000) destacó la plena vigencia y necesidad de las políticas de solidaridad social “para corregir las fallas del economicismo implícito en el fundamentalismo de mercado, instalando políticas activas con criterios humanistas”.
