Nuestra hipótesis de trabajo es presentar al pensamiento social demócrata como una síntesis virtuosa que reúne los méritos de la economía de mercado y lo mejor de la tradición socialista.
Este reconocimiento que hacemos de las bondades del mercado de ninguna manera nos hace sentir que estamos traicionando el ideario fundamental del socialismo.
Recordemos como premisa que la definición de Juan B. Justo acerca de nuestra doctrina nos convocaba a actuar “guiados por la ciencia”, incluyendo como “ciencia” a la dinámica de la historia.
Por otro lado, Nicolás Repetto en su libro “Que es el socialismo” dice con sentido crítico y autocrítico en sus primeras páginas, que se trata de un movimiento en permanente marcha, el cual en su devenir histórico ha tenido la capacidad de desprenderse “de exageraciones y fantasías”. La realidad demuestra que al menos por estos tiempos, la propiedad colectiva de los medios de producción por la vía democrática, respetando además las libertades y derechos humanos es un camino improbable para llevarlo a todas áreas de la economía. El mercado cuando es competitivo ha resultado exitoso para el desarrollo de los países, complementado por otras medidas y áreas donde el Estado y la sociedad misma están presentes en la gestión de los bienes y servicios esenciales para la vida humana.
1.- Expresado el reconocimiento que acabamos de formular, veamos ahora cuales son los principios de cuño socialista que nos han de permitir neutralizar sus imperfecciones y fallas del mercado, que como todos sabemos, son dañosas y dejan a la vista muchas injusticias a diferentes grupos y personas.
La primera medida que propiciamos es entonces la defensa de la competencia frente a cualquier actividad empresarial que constituya una posición dominante en el mercado o denote una práctica monopólica u oligopólica.
Willy Brandt, el ilustre primer ministro social-demócrata de la Alemania Federal, luchador incansable contra el nazismo primero y contra el muro de Berlín después, sentó en los años 70 una premisa fundamental: “el problema más importante de nuestra época bajo las condiciones de la moderna sociedad industrial, es el control de poder económico, no sólo cuando se abusa de él empleándolo en objetivos políticos, sino también cuando tiende a eliminar el mercado y la competencia libre” (Willy Brandt, “Mi camino hacia Berlín”, Plaza y Janes S.A., Bs. As., 1968, pág. 213).
En nuestro derecho interno tenemos una norma muy valiosa que la legislación y la jurisprudencia deben fortalecer en toda circunstancia.
Nos referimos al artículo 42 de la Constitución Nacional que entre otros conceptos confiere “a los consumidores y usuarios de bienes y servicios” derechos a “una información adecuada y veraz” a “la libertad de elección de bienes y servicios” y muy especialmente “a la defensa de la competencia, contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”. Es un complemento de estos principios, el trípode conformado por la ley de defensa del consumidor, la ley de defensa de la competencia y la ley de lealtad comercial.
2.- Otra idea fundamental, asociada a la primera, es el seguro de desempleo suficiente para el trabajador y su familia y en su caso también la recapacitación laboral.
Eduardo Yaglián, en el número anterior de nuestra revista, ha recordado algunos episodios históricos que demuestran las limitaciones de la economía de mercado y las periódicas crisis que se generan por tal motivo: la debacle financiera de Estados Unidos que debió enfrentar Franklin Delano Roosvelt en 1933 y la crisis del año 2008 bajo el gobierno de Obama por citar solamente algunos ejemplos paradigmáticos.
En ambos supuestos y en otros parecidos se han usado las recomendaciones de John Maynard Keynes, por oposición a la escuela austríaca de economía.
Esta última sostiene a pie juntillas “que los mercados se autorregulan, que no hay desempleo involuntario y a mayor producción hay mayor consumo”. Keynes, prestigioso economista del King’s College de Cambridge, fue convocado por Roosvelt para afrontar la crisis. La recomendación fue llevar adelante obras públicas con potencial reproductivo y alentar la formación de fábricas generadoras de fuentes de trabajo. Nuevamente, en la encrucijada de Obama, setenta y cinco años después, volvieron a utilizarse las políticas activas keynesianas provocando una clara recuperación de la economía. No crea el lector que Keynes era un hombre de izquierda o acaso un populista derrochón. Por el contrario, pertenecía al Partido Liberal británico, pero al mismo tiempo no dejaba de ver las debilidades del capitalismo (Yaglián Eduardo. Teoría y Práctica de las Crisis Económicas. El Triunfo de Keynes, nº 21 de Hojas de Cultura. www.hojasdecultura.com.ar).
En el trabajo de Yaglián puede encontrarse otra prueba de la posición de Keynes que demuestra que no necesariamente un incremento salarial trae como consecuencia o incide en el nivel de inflación.
Al llegar el Partido Socialista Obrero Español al gobierno en 2018, se incrementó el salario mínimo interprofesional en 22,3%. Sin embargo, la inflación anual en España fue del 1,2%. En 2019 se repitió el resultado: el incremento del salario mínimo fue del 5,6% mientras que la inflación se estacionó en el 0,8%. Los números se alteraron durante la pandemia y en 2020, 2021 y 2022 el salario mínimo perdió frente a la inflación cuyo incremento más alto fue del 6,5% en 2021 pero, como se ve, sin llegar a dos dígitos al año.
La relación se normaliza en 2023 y es allí donde el salario mínimo trepa un 8% mientras que la inflación se queda sólo en un 3,2% con todo lo que ello significa en la reactivación de la economía española.
El keynesianismo, en síntesis, es un reconocimiento a las políticas activas, impulsoras de la economía particularmente en escenarios de estancamiento y recesión con efectos que inciden en la caída del empleo, situaciones en las cuales la ortodoxia económica con su pasividad clásica, no atina a resolver.
Precisamente en estos casos de recesión, estancamiento o cualquier evento que influya en la pérdida de empleos, es que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene distintos convenios y recomendaciones para que los países miembros protejan al empleado desocupado. El subsidio por desempleo es para la persona que ha perdido total o parcialmente su trabajo (reducción horaria) por causas ajenas a él.
La OIT faculta a los Estados que la integran a denegar, suprimir, suspender o reducir el subsidio mensual en los siguientes casos: a) cuando el interesado no se halle en el territorio del país donde se produjo la desocupación; b) cuando, según la apreciación de la autoridad competente, el interesado haya contribuido a su despido; c) cuando según la apreciación de la autoridad competente, el interesado haya abandonado voluntariamente su empleo, sin motivo legítimo; d) durante un conflicto laboral, cuando el interesado haya interrumpido su trabajo para participar en él o cuando se le impida trabajar como consecuencia directa de una suspensión del trabajo debida a dicho conflicto; e) cuando el interesado haya intentado conseguir o haya conseguido fraudulentamente las indemnizaciones; f) cuando el interesado haya hecho caso omiso, sin motivo legítimo, de los servicios disponibles en materia de colocación, orientación, formación y recapacitación, tratamiento o reinserción profesionales en un empleo conveniente; g) mientras el interesado cobre otra prestación de mantenimiento de los ingresos prevista por la legislación del país en cuestión, a excepción de una prestación familiar bajo reserva de que la parte de la indemnización que se suspende no sobrepase la otra prestación.
Una situación particular se suscita según la OIT, “cuando el interesado se niegue a aceptar un empleo conveniente” apto para reintegrarlo al trabajo.
A ese respecto entiende la OIT que “en la apreciación del carácter conveniente de un empleo se tendrán en cuenta especialmente, en condiciones prescriptas y en la medida apropiada, la edad del desempleado, la antigüedad en su profesión anterior, la experiencia adquirida, la duración del desempleo, la situación del mercado de empleo, las repercusiones de este empleo sobre la situación personal y familiar del interesado y el hecho de que el empleo esté disponible como consecuencia directa de una suspensión del trabajo debido a un “conflicto laboral en curso”.
Es decir entonces, se trata de un caso que debe resolverse teniendo en cuenta una suma de factores.
Nos resta examinar cual puede ser el sistema de financiamiento del fondo de desempleo. En este sentido pueden concebirse tres alternativas: un fondo sostenido exclusivamente por los empleadores, como parte importante y fuerte de la relación laboral, un esquema compartido por empleadores y trabajadores que sería eventualmente más importante o por fin un sistema tripartito que eventualmente incluya al Estado que como sabemos, suele participar en los llamados “fondos anticíclicos” por recesiones y caídas del empleo.
3.- El tercer concepto que cabe analizar también se vincula con el mercado y la competencia y se refiere a la apertura de la economía.
Aunque esta orientación pareciera ser un valor entendido, cuya amplitud depende de la Organización Mundial del Comercio (OMC) lo cierto es que los países más desarrollados enturbian esta posibilidad. Lo hemos visto hace pocos años en la presidencia de Donald Trump.
Por otro lado, en fecha muy reciente Héctor Torres, ex representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional ha advertido que “todos los líderes de las democracias liberales practican lo que se conoce como política industrial. Ya no quedan creyentes en el laissez faire. El liberalismo de Milei es un poco vintage” (La Voz del Interior, 5 de febrero de 2024, pág. 7). Más explícitamente, casi en la misma fecha y en el mismo medio, Fernando Ruiz Heiland, docente de la Ecole Royal Militaire de Bélgica ha escrito que “el acuerdo Unión Europea (UE) – Mercosur está muerto, no por inclinaciones de izquierda sino por un fuerte giro hacia el intervencionismo nacionalista por parte de Europa. Los europeos van a decidir defender a sus agricultores. En respuesta a las crecientes protestas Macron busca una excepción que proteja la agricultura no sólo de Francia sino de toda la Unión Europea, lo que ha llevado a solicitar el fin de las negociaciones con el Mercosur”.
En estos contextos resulta inevitable que las aperturas económicas se realicen en un adecuado marco de reciprocidad y de lealtad entre los países signatarios de acuerdos equitativos.
Incluso, en resguardo de las disparidades abusivas en el intercambio internacional de bienes y servicios, la misma OMC le otorga a los Estados la posibilidad de establecer barreras para resguardar su crecimiento industrial sin interferencias de los efectos no deseados del comercio exterior.
En definitiva, esta no es una cuestión dogmática. Hay que avanzar hacia la apertura de la economía con los ojos abiertos, teniendo en cuenta el desarrollo agroindustrial, el nivel de empleo, pero también a los mismos productores y fabricantes que requieren insumos extranjeros y los consumidores que deben afrontar su canasta de alimentos, medicinas y otros bienes sensibles al menor precio posible.
Es probable que la Argentina, respetando estas premisas, deba abrir más su economía. La protección sistemática de la economía, es un factor inflacionario que se agrega al gasto público. Chile es un país con mucha menor inflación que el nuestro, “exporta e importa más que la Argentina, incluso en términos nominales, aun siendo una economía más chica, un tercio de la economía argentina” según sostiene Marcelo Elizondo (La Nación, Conversaciones de domingo, 31 de marzo 2024, págs. 30 y 31).
Este mismo especialista nos advierte que mientras en Chile el comercio exterior (importación y exportación), implica el 30% del PBI, en Argentina sólo equivale al 16 o 17 por ciento, el menor porcentaje en América Latina. Agrega Elizondo que el promedio latinoamericano está en el orden del 25/27 por ciento.
Adviértase a este respecto que, salvo Argentina, Venezuela y presumiblemente Cuba y Nicaragua, estas últimas sin estadísticas confiables, la inflación hoy, no es un problema en el continente y la generalidad de las naciones comercian activamente con el resto del mundo exportando e importando más allá de izquierdas y derechas.
4.- La cuarta idea que tenemos que mantener y fortalecer respecto a los efectos de un mundo laboral que se desarrolla en el contexto en la economía de mercado, es el que se refiere a la protección del trabajador frente al despido causado por razones ajenas a su comportamiento. Conforme a las pautas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que hemos examinado nuevamente, puede ser justificado el despido que se relaciona con la incapacidad, las necesidades de funcionamiento de la empresa o por la conducta del trabajador. Sin embargo, en los dos primeros casos el obrero va a recibir una compensación económica determinada por la legislación nacional de que se trate, aunque no ocurrirá lo mismo si la relación se extingue por culpa o inconducta del trabajador en cuestión.
Es interesante destacar que la citada Organización Internacional del Trabajo ha querido enfatizar seis supuestos en los cuales no hay causa justificada para la conclusión de la relación laboral: a) la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo; b) ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad; c) presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante las autoridades administrativas competentes; d) la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen social; e) la ausencia de trabajo durante la licencia por maternidad; f) la ausencia temporal por motivo de enfermedad o lesión.
Ahora bien: respecto a la indemnización del despido que se produce por causas ajenas al trabajador, la OIT señala que dicha indemnización puede ser pagada directamente por el empleador o por un fondo constituido mediante cotizaciones de los empleadores. No se excluye, no se prohíbe, que un fondo por despidos sea bipartito (empleadores y trabajadores) o acaso tripartito (empleadores, trabajadores y Estado). También advierte la OIT una obviedad: que la indemnización por despido no excluye el acceso al fondo de desempleo que cualquier legislación tenga establecido.
Lo que a nosotros nos interesa expresar son dos conclusiones: a) no nos oponemos al alivio de los empleadores y al pago de la indemnización por vía de un fondo creado al efecto; b) es fundamental que cualquier cambio en el sistema indemnizatorio no disminuya los derechos adquiridos por los trabajadores a menos que el convenio colectivo correspondiente contemple alternativas que sustituyan tales derechos con otros que sean suficientemente compensatorios.
5.- Otra cuestión importante, destinada a obrar como un elemento moderador de la economía de mercado ha de ser el compromiso socialdemócrata con el medio ambiente. En tal sentido una guía internacional orientadora en esta materia es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) cuyas resoluciones y recomendaciones deben tenerse en cuenta.
Específicamente en América Latina tenemos el Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Se trata de ámbitos donde se tratan periódicamente temas como el cambio climático, la biodiversidad, la contaminación y el consumo. Al mismo tiempo estas cuestiones deben ser abordadas interdisciplinariamente con aportes desde los mundos de la salud, el trabajo, la industria y el urbanismo. Se trata de conjugar desarrollo sustentable y ambiente sano.
6.- Muy importante es recordar también la política fiscal, un instrumento fundamental de una socialdemocracia que no es expropiadora ni apunta compulsivamente hacia la propiedad colectiva de los medios de producción sino a impedir la concentración del poder económico.
En tal sentido, en la experiencia de los países escandinavos, es donde la socialdemocracia ha mostrado mayor eficacia. El régimen fiscal de estos países es muy sencillo con acento en dos impuestos en particular: por una parte, un tributo progresivo a los ingresos con prescindencia de su origen: sueldos, jubilaciones, pensiones, alquileres, inversiones financieras, etc. Este impuesto tiene dos características: es universal ya que lo paga toda la población, pero es a la vez progresivo; las alícuotas van aumentando de acuerdo a la capacidad contributiva de cada persona y sociedad. Es decir que no hay un porcentaje o alícuota común sino diferenciada. Con la misma modalidad se aplica el impuesto al patrimonio o bienes personales que al igual que el anterior es variable de año en año según la situación del contribuyente. Es posible que en algunos niveles el impuesto sea muy elevado, pero deben tenerse en cuenta dos detalles: se trata de los impuestos esenciales de un sistema basado en la simplicidad y la capacidad contributiva. Además, son fondos administrados por estructuras estatales de bajísima corrupción y que además prestan servicios de excelencia en la educación, la salud y otros servicios públicos.
7.- A los fines de tan anhelada transparencia, la socialdemocracia trata de generar un modelo de Estado que resulte funcional al efecto buscado. Que sea virtuoso, es decir que permita acceder al empleo público sobre la base del concurso y el mérito, que sea eficiente, o sea con actitud de servicio frente al ciudadano, austero en el gasto operativo y en la difusión de sus tareas, laico, como expresión de respeto a la igualdad a los cultos como así también a la dignidad de las personas no creyentes frente a la ley.
También lo sostenemos como distinción necesaria y fundamental entre el gobierno de los cultos y el gobierno de la sociedad civil en el marco de una completa libertad de profesar una religión o no inclinarse por alguna.
Por último: un estado que esté presente en la salud, la educación, la justicia, la protección de las personas y la seguridad social, sin perjuicio de la concurrencia de la actividad privada y la economía solidaria en estas materias.
8.- Precisamente la economía solidaria, también llamada economía social, expresa poderosas organizaciones en todo el mundo que son de máximo interés para nuestra doctrina porque desarrollan la provisión de bienes y servicios con dos condiciones esenciales: ausencia de fines de lucro o en todo caso orientación hacia el lucro negativo porque apuntan a la reducción de costos y a reducir o eliminar la intermediación en cuanto sea posible. Nos referimos a las cooperativas, a las mutualidades y a las asociaciones civiles en sus múltiples manifestaciones: consorcios camineros, sociedades de fomento, grupos de estudio, bomberos voluntarios, etc.
9.- La socialdemocracia manifiesta su apoyo a todas las expresiones actuales de la democracia obrera como la cogestión de los trabajadores en las grandes empresas, tal ocurre en Alemania desde los años 50 del siglo pasado hasta la fecha. Damos la bienvenida y el aliento a las empresas capitalistas quebradas, que a lo largo de la historia han recuperado sus trabajadores y finalmente abogamos por una democracia sindical que permita el pluralismo en las organizaciones gremiales e impida el enriquecimiento de sus líderes que entre nosotros están frecuentemente asociados con la corrupción.
Cabe recordar entre nosotros los positivos propósitos y finalidades que perseguía en 1983 el “proyecto Mucci” para modificar el régimen sindical entonces vigente. Esta iniciativa trató de limitar la relección a cargos electivos dentro de los gremios, intentó establecer la representación de las minorías en los consejos directivos y quitar a los sindicatos la conducción de las obras sociales.
Este último aspecto, el de las obras sociales, puede ser discutido porque hay en la ley 18.610 una consagración de una suerte de derecho de propiedad, pero no cabe duda que la democratización de los gremios y un serio régimen de auditoría externa son imprescindibles por la importancia social que tiene el gremialismo y la salud en nuestro país.
Por otra parte, no nos complace el hábito del “paro general de actividades” a que son tan afectos nuestros dirigentes sindicales cuando los gobiernos no llevan el color político que ellos sostienen. Trece (13) paros sufrió el presidente Alfonsín, dos (2) medidas similares se han hecho contra el gobierno actual en cinco meses. Siempre causan grave daño a la economía en su conjunto sin ninguna solución.
Por contrapartida tenemos el ejemplo de Italia. En los cuarenta años posteriores a la segunda guerra mundial los poderosos sindicatos socialistas y comunistas que había en la península dispusieron una sola medida de este tipo. Fue en ocasión del secuestro del político demócrata cristiano Aldo Moro como repudio a la acción terrorista y en resguardo del Estado de Derecho. Debe recordarse que el Partido Comunista italiano estaba ya por entonces completamente alejado de Moscú e integrado claramente al sistema democrático.
10.- Propiciamos una democracia de representación proporcional, sin mayorías automáticas basadas en una supuesta gobernabilidad que termina ignorando a la oposición. Preferimos los gobiernos de coalición con apoyo parlamentario cuando no haya mayoría genuina. Miramos desde el progresismo al liberalismo inteligente, respetuoso de las funciones del Estado, que coincida con nosotros en la jerarquía de la división de los poderes, que privilegie las libertades de la persona humana y que reconozca el valor de la economía solidaria.
11.- Otro de los postulados del socialismo histórico en el mundo y también en la Argentina ha sido la idea de los consejos económico-sociales de carácter consultivo.
Como ha dicho César Mussetta desde estas mismas páginas de Hojas de Cultura, en su trabajo titulado “Reflexiones sobre nuestra actualidad” en la publicación correspondiente al primer semestre de 2016, “un Consejo Económico-Social es ante todo una institución que amplía la participación al incorporar a los sectores que no componen el Estado, pero son parte de la sociedad con el objeto de integrarlos en la discusión y elaboración de un proyecto político para el desarrollo social”.
En segundo término “su opinión no es vinculante”, pero estas consultas “llevan implícita la idea de una planificación democrática de la actividad económica y social, una planificación estratégica como gusta decirse en la actualidad”; ellas “significan una búsqueda de consenso sobre los grandes temas que hacen a las políticas de Estado” e importan por último “un gradual proceso de democratización económico y social, en busca de una mejor distribución del ingreso para alcanzar una sociedad más justa”.
Señala nuestro autor que “los consejos económicos y sociales comenzaron a funcionar en diversos países del mundo al promediar la primera mitad del siglo 20 y se incrementaron, en especial en los países europeos, después de la posguerra, cuando comienza a afianzarse el denominado Estado de Bienestar”.
Coincidimos con el autor de los conceptos precedentes mientras tanto en nuestro país una extendida mentalidad individualista nos lleva a suponer superficialmente que el diálogo institucional de los agentes sociales, constituye una expresión corporativa cuando no autoritaria. Los países que han padecido el fascismo y el falangismo, no solamente han conformado democracias razonables, sino que además no tienen prevención alguna para reconocer el valor de los organismos consultivos de concertación social.
Estos organismos consultivos que integran el Estado, las empresas, los sindicatos, las cooperativas, las mutualidades y demás agentes sociales no tienen por qué afectar el erario público si se establece un sistema prorrateado para la absorción de gastos de acuerdo a la participación que tenga asignada cada uno de tales sectores o agentes sociales. Ha habido en la Argentina proyectos seriamente fundados por el socialismo. Rómulo Bogliolo en 1932, Américo Ghioldi en 1964 y Guillermo Estevez Boero en 1988 presentaron iniciativas en tal sentido. Una y otra vez, el individualismo de la política y de la sociedad misma han impedido la aprobación de esta idea.
12.- Va de suyo que la enumeración de los principales postulados social-demócratas es meramente enunciativa. El contenido es mucho más amplio. Nos limita el tiempo y el espacio.
Sin embargo: nos queda por reflexionar acerca de la denominación de nuestra doctrina: ¿social-demócrata o socialista? Veamos por una parte como han absorbido la cuestión los grandes partidos de la izquierda democrática mundial, considerando las principales latitudes donde ha existido este desarrollo.
a) El Partido Socialista Obrero español, ha conservado siempre su denominación histórica, en los tres gobiernos a partir del Pacto de la Moncloa (Felipe Gonzáles, Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez) combinando la economía de mercado y la plena integración europeísta con los postulados de la tradición socialista que hemos expuesto en nuestro trabajo. Nada indica que los socialistas españoles consideren necesario modificar su nombre. Tiene arraigo en la sociedad y mantiene al partido en un plano de elegibilidad por los ciudadanos independientes con los normales avances y retrocesos de una fuerza política que llega frecuentemente al gobierno.
b) El Partido Socialista portugués ha conservado su individualidad y su importancia a partir de la llamada “revolución de los claveles” en 1974 que puso fin a una larga dictadura. Hay un partido socialdemócrata, así se llama, que también es importante en Portugal, aunque expresa claramente orientaciones de centro-derecha de manera que aquí también los socialistas han de querer mantener su nombre.
c) El Partido Socialista uruguayo por su parte tiene sobrados motivos para sostener su denominación. Es parte importante del Frente Amplio de ese país y su principal dirigente de las últimas décadas ha sido el doctor Tabaré Vázquez, oncólogo de prestigio, ex Intendente de Montevideo y dos veces presidente de la república. Su memoria es respetada en toda la sociedad uruguaya.
d) El Partido Socialista chileno ha conservado su denominación a lo largo de toda su historia. Después de la frustración y derrota de la Unidad Popular de Salvador Allende (1970-1973) con el regreso de la democracia a finales de los 80 el Partido Socialista integró la “concertación” trasandina con el Partido Demócrata Cristiano y otras agrupaciones menores. Luego de las presidencias de Patricio Aylwin y Eduardo Frei del PDC llegaron los gobiernos de Pedro Lagos y Michelle Bachelet, adaptados a la economía de mercado y la apertura comercial al mundo, aunque con claras mejoras de la política social y la redistribución de recursos por la cual muchos chilenos han emergido de la pobreza.
Es cierto que el actual gobierno del presidente Boric se originó inicialmente en torno a un agrupamiento de fuerzas algo heterogéneas y en ese contexto se lo vio al Partido Socialista inicialmente relegado. Sin embargo, es indudable que Boric ha hecho experiencia y ahora hay mayor cantidad de funcionarios de capacidad aquilatada que vienen de aquellos gobiernos de Lagos y Bachelet.
Por lo demás ninguna formación de nombre “social-demócrata” ha logrado hacer pie en la política chilena y tampoco aquí parece haber motivos para postular un cambio en la denominación partidaria.
En julio de 1973, ya con el gobierno de Salvador Allende en crisis, se funda el Partido de la Social Democracia de Chile con el propósito de tomar distancia de la Unidad Popular. Pocos meses más tarde este partido se dividió en pinochetistas y anti-pinochetistas. Con el regreso de la democracia el partido se integra a una coalición de derecha e inmediatamente se diluye.
El grupo que se había mantenido en la oposición a Pinochet funda en 1989 el Partido Social de Democracia Progresista y en 1991 adopta el nombre de Partido Social Democracia Chilena con puño blanco y rosa roja. Algunos dirigentes de este partido ocupan ciertas subsecretarías en el primer gobierno de la Concertación, presidencia de Patricio Aylwin.
En 1994, el pequeño partido en cuestión se fusiona con el Partido Radical, tomando el nombre de Radical Social Demócrata (PRSD) sin lograr repercusión posterior.
e) En Brasil es evidente que el Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Lula Da Silva ha ocupado con creces el espacio que supo tener en su hora el Partido Socialista Brasileño (PSB) dirigido por Lionel Brizola.
Mientras tanto el Partido Social-Demócrata Brasileño (PSD) es claramente una formación de centro-derecha fundado por el ex presidente y prestigioso economista Henrique Cardoso, algunos de cuyos adherentes, pasaron incluso a las filas de extrema derecha de Jair Bolsonaro.
En consecuencia, no vemos por ahora en Brasil las posibilidades de un progresismo socialista o socialdemócrata que se inspire en las políticas socialmente activas de Lula pero que a la vez se distancie de toda simpatía hacia Cuba o Venezuela lo que periódicamente ensaya el presidente, como quien “le saca la lengua” al poderoso Estados Unidos.
f) Tampoco ha prosperado el Partido Social-Demócrata de Méjico, un minoritario desprendimiento del populista Partido Revolucionario Institucional que apenas se sostuvo dos años con muy débil desempeño electoral.
g) Mejores posibilidades, ofrece por el momento el Partido Progreso Social Democrático de Costa Rica, fundado en el año 2018 y que prontamente alcanzó el poder de la mano del presidente Rodrigo Chaves Robles. Se trata de una agrupación con ciertas connotaciones social-demócratas como por ejemplo la articulación entre el Estado y la actividad privada para una mejor planificación de la economía, la plena democracia política, la despersonalización del poder, la reducción del gasto público y la inversión en turismo para generar empleo, una suerte de keynesianismo aplicado en este rubro.
Se trata de un partido que no viene de la tradición socialista y que ha sido caracterizado por los analistas políticos como centro-progresista, centro-izquierda y también como social-demócrata con un tinte populista en razón de inclinarse hacia la legalización del consumo de la marihuana.
h) Varios partidos europeos han tomado el nombre social-demócrata luego de haber surgido desde la clase trabajadora. Así por ejemplo en Suecia la denominación oficial es “Partido Social Demócrata de los trabajadores” aunque la referencia a ese origen no se menciona desde hace muchos años y de hecho es una agrupación con fuerte inserción en la clase media de aquel país. Fue fundado en 1889 y ejerció continuamente el gobierno entre 1932 y 1979. En ocasión del primer triunfo de esta agrupación un grupo de ciudadanos y militares conservadores propuso al rey desconocer el resultado electoral y poner en marcha una monarquía absoluta. La respuesta del monarca no tuvo desperdicio: “el problema mis amigos es que también soy rey de los socialistas y por tanto están incluidos en mi protección”.
Luego de muchos años adversos, el partido social-demócrata sueco retornó al poder entre 2014 y 2022 de la mano de Magdalena Anderson como primer ministro.
A la izquierda de la social-democracia surgió en 1917 el Partido Comunista Sueco que hoy se denomina Partido de la Izquierda. Desde esa misma época la socialdemocracia sueca eliminó de sus programas las influencias marxistas y de hecho su política de alianzas se articula con el liberalismo progresista y con una amplia clase de productores agropecuarios.
Una síntesis del programa social demócrata sueco puede expresarse en los siguientes puntos:
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- Fuerte compromiso con la educación pública.
- Apoyo permanente a la familia ruralista.
- Impuestos progresivos a cargo de todos los ciudadanos y sociedades con base en su patrimonio e ingresos.
- Políticas activas en la promoción del empleo.
- Compensación, reentrenamiento y reubicación en ocasión de las reconversiones industriales.
- Condena sistemática de las guerras y conflictos bélicos.
- Alta tasa de sindicalización de los trabajadores.
- Reducción significativa a los impuestos sobre los alimentos.
- Políticas ecologistas y feministas.
i) Una historia más compleja ha tenido el Partido Socialdemócrata dinamarqués. Se trata de uno de los partidos políticos más antiguos del mundo, fundado en 1871. Llegó al gobierno, por primera vez en 1924 con el 36,5% de los votos. El jefe de Gobierno era Thorvald Stauning que logró permanecer en el gobierno hasta la ocupación de Dinamarca por el nazismo en 1940.
Antes y después de la guerra, la socialdemocracia gobernó en coalición con otros partidos, aunque hasta 1972 todos los primeros ministros fueron socialdemócratas.
El partido retornó al poder muchos años después, entre 1993 y 2001 conducido por Poul Nyrup Rasmussen en una coalición de gobierno que produjo una flexibilización de las normas laborales, aunque con fuerte protección y recapacitación de los desempleados.
Se mantuvo nuevamente en la oposición entre 2001 y 2011 y retornó al gobierno en el marco de una coalición llamada de centro-izquierda con Helle Thorning Schmidt como primer ministra hasta 2015.
Las medidas de este gobierno fueron en parte progresistas, en parte conservadoras y en algún aspecto respondieron a cuestiones coyunturales.
A favor de este gobierno puede afirmarse que se dejó sin efecto la legislación y la política contra la inmigración llevada a cabo por el gobierno anterior. También es cierto que se redujeron los impuestos a los salarios de los trabajadores, pero se achicaron las cargas a los ciudadanos más ricos provocando una relativa desfinanciación del Estado.
El PSD pasó nuevamente al llano entre 2015 y 2019 y volvió al gobierno en ese último año con Mette Frederiksen, cuya gestión no ha sido buena para el país. Mediaron hechos de corrupción en el contexto de un gobierno de izquierda, escéptico en relación a la unidad europea, y además anti inmigratorio e incluso por ello condenado por la ONU.
j) El partido socialdemócrata de Alemania es otra entidad muy veterana en las lides políticas. Nació en 1875 con la denominación de Partido Socialista Obrero de Alemania, o sea con una nominación similar al Socialismo Obrero español. Sin embargo, ya en 1890 adopta el nombre de Partido Socialdemócrata de Alemania. En aquel momento histórico se inspiró en el humanismo de vertientes diferentes: la tradición judeo-cristiana, el marxismo originario de Marx y Engels (todavía no se conocían las brutales distorsiones que impondrían Lenin y Stalin en la Unión Soviética) y por último, y aquí lo más importante, la experiencia histórica del movimiento obrero. Muchos años más tarde, para ponerse a tono con la clase media alemana de posguerra y disipar sus prevenciones frente a algunas tradiciones socialistas, el partido abandona su posición de “partido de clase” viejo concepto marxista. Ello ocurre en el programa y doctrina aprobada en Godesberg en 1959 y allí se formulan algunos paradigmas que subsisten hasta hoy.
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- La ratificación histórica del compromiso con los derechos humanos y la democracia.
- El reconocimiento amplio de la economía de mercado.
- La lucha contra la concentración del poder económico, clara inspiración de Willy Brandt.
- La justa distribución de los beneficios de la economía de mercado a través del impuesto a la riqueza y el impuesto al patrimonio.
- La integración europea.
k) El Partido Socialdemócrata de Austria fue fundado a finales de 1888 como partido de la clase trabajadora hasta su prohibición en 1934 por la influencia de la extrema derecha pronazi en aquel país. Se refunda como Partido Socialista de Austria en 1945, inmediatamente después de la segunda guerra mundial, aunque el Congreso partidario celebrado en Linz en el año 1991 adopta el nombre actual de Partido Socialdemócrata de Austria.
Es un partido de orientación económica keynesiana, afiliado a la Internacional Socialista. Ha ocupado el gobierno en varias oportunidades, no actualmente en el país, sino en varias regiones de Austria y generalmente en coalición con partidos de centro o incluso conservadores lo cual limita la aplicación del programa partidario.
15.- Conclusiones acerca de las denominaciones partidarias de la izquierda democrática.
a) Como puede apreciarse hay partidos socialistas que conservan poderío o al menos influencia en el mundo actual. Tales los casos de España, Portugal, Uruguay y Chile. Leemos en La Nación del 12 de mayo de 2024, pág. 1 a 6 un artículo de Inés Capdevila, una de las nietas del querido escritor don Juan Filloy, donde ella nos cuenta que la “España de Pedro Sánchez va a ser la economía europea que más crecerá, claramente sobre la media de la zona euro con una inflación del 3,3% anual”. Sin embargo, se advierte en la nota que la economía sola ya no alcanza si el crecimiento no llega a las franjas vulnerables de la población. Gran desafío entonces para Sánchez y el progresismo español.
No hablemos de la crisis del partido socialista francés, mientras que la tradición socialista italiana se encuentra prolongada en formaciones diversas por donde andan también algunos antiguos eurocomunistas, claramente democráticos, históricamente alejados de la extinta Unión Soviética, donde ahora gobierna un zar criado en la KGB concentrado en la Rusia imperialista de siempre.
b) Los partidos social-demócratas escandinavos y germanos van y vienen entre gobiernos de coalición y etapas en el llano, pero por ahora puede afirmarse que gozan de buena salud. No han prosperado partidos de esa denominación ni en Méjico ni en Chile y aún es muy prematuro apreciar la experiencia del partido del Progreso Social Demócrata que gobierna en Costa Rica.
Mientras tanto el Brasil de Lula ha crecido el 2,0 % en 2023 y se prevé para este año un crecimiento del 2,3 % con una inflación interanual del 3,69 % según el mismo artículo de Inés Capdevila. Pero allí tal como en España el problema es la llegada del bienestar a las clases bajas cuyo descontento daña en las encuestas al Partido de los Trabajadores (PT).
c) En definitiva el tema de las denominaciones es importante en los países donde los partidos socialistas o socialdemócratas tienen una base colectiva que ha logrado sostenerlos en el tiempo y entonces no tienen por qué cambiar. Los austríacos lo han hecho hace más de 30 años y sigue siendo una fuerza política ponderable. Los suecos en su momento y los alemanes después, no cambiaron su denominación, pero se sacaron de encima los resabios marxistas y han sabido llegar a la clase media sin abandonar el compromiso con los trabajadores.
Hay que aceptar además que, con denominaciones laboristas también se puede hacer política progresista como lo lleva a cabo en buena medida Lula en Brasil.
d) Por último hay que denunciar siempre y en todo lugar la falsificación del socialismo humanista y repudiar las tiranías de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
16) Dos palabras finales sobre la denominación de una fuerza con esencia socialista en la República Argentina.
El Socialismo en la Argentina ya sea unido o bien dividido hasta el infinito como desgraciadamente ha ocurrido de manera muy reiterada, no se ha apartado nunca de la sigla “socialista” en su denominación.
Hay en este momento por lo menos tres agrupaciones que reivindican el nombre en su accionar. Por una parte, el Partido Socialista oficial que ha presidido tres valiosos gobiernos de coalición en la provincia de Santa Fe a través de los gobernadores Binner, Bonfatti y Lifschitz. Del otro lado, los partidos Socialista Auténtico y de la Unidad Socialista son pequeños grupos cooptados por el kirchnerismo.
Los partidos diminutos, socialistas y no socialistas cercanos a los Kirchner cargan hoy con el mismo desprestigio y la misma condena social que tiene todo aquello que rodea a Cristina Fernández, Alberto Fernández y a Sergio Massa. En ese contexto, desde una derecha cargada de intolerancia con intensidad mediática y en las redes sociales, pone en la misma bolsa al populismo, al socialismo democrático y al comunismo y muchas personas de diferentes clases sociales, creen a pie juntillas en esa equiparación cargada de mala fe. No ocurre en absoluto algo semejante en Chile, Uruguay o Brasil, donde el progresismo democrático se sostiene claramente diferenciado de estas interesadas confusiones.
El kirchnerismo ha malversado de tal manera los conceptos: “derechos humanos”, “justicia social”, “progresismo”, “socialismo”, etc. que ante la creencia popular han quedado señalados como todo lo nocivo que puede haber en la sociedad. Milei, que es un extremista eficaz, con una gran capacidad para comunicar sus falacias y media verdades a la población, explota hasta aquí hábilmente este desquicio conceptual que han provocado los Kirchner y sus aliados en estos últimos veinte años.
¿Cómo hacer frente a la desfiguración interesada de nobles identidades, otrora respetadas aun cuando no se coincidiera con ellas?
Creemos que habrá que mostrar que en el mundo no hay incompatibilidad entre economía de mercado, apertura inteligente de la economía y socialismo humanista, sino que por el contrario se trata de una síntesis virtuosa con éxitos probados. La amalgama de estas tres ideas que acabamos de expresar es la socialdemocracia, el socialismo “aggiornado” que pasa de la propiedad colectiva de los medios de producción a la preocupación por una economía competitiva sin empresas monopólicas ni capitalismo prebendario. Economía de mercado con el necesario contrapeso de la economía solidaria, cooperativas, mutualidades, organizaciones no gubernamentales, consejos económico-sociales y por fin un Estado ágil y eficiente enfocado en la educación, la salud, la justicia y la seguridad.
