Puede algún pueblo aletargarse en su vida social, pero, dentro de sí mismo o en otra parte, están ya acumulándose, latentes, las fuerzas que han de sacudirlo e impulsarlo.
Juan B. Justo – Teoría y Práctica de la Historia
Partimos de la premisa que la Democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y además le agregamos dos componentes que se han incorporado con el paso del tiempo y de la experiencia, que son la alternancia en el poder de una persona y el respeto a la opinión de los demás cuando se ejerce un cargo público. Con el simple método de la comparación, estamos en condiciones de afirmar que en la provincia de Formosa no se cumple ninguna de las premisas anunciadas y por el contrario estamos, cada vez más, viviendo y sufriendo una democracia deformada.
Desde 1983 hubo sólo tres gobernadores pertenecientes al Partido Justicialista y cada uno ha ido agregando prácticas electorales que han deformado el sentido del sistema democrático, hasta llegar al actual gobernador Gildo Insfrán que ha sido durante dos períodos de cuatro años vice- gobernador y desde 1995 ejerce como gobernador. Nada más ni nada menos que cumplirá siete períodos como gobernador o sea veintiocho años y suele afirmar que falta mucho por hacer, por lo que se deduce que piensa seguir. No es asunto de estas reflexiones, pero es conveniente informar, que entre los tres mandatarios referidos tuvieron historias de traiciones, unos a otros, para quedarse con el cargo de gobernador.
Gildo Insfrán es el que ha contribuido, en mayor medida, a esta deformación con la reforma de la Constitución Provincial en julio del año 2003, poco antes de terminar su segundo mandato, al sancionar la validez de la reelección indefinida y la continuidad del sistema electoral que establece la llamada “Ley de Lemas”, de caótica aplicación. Los sub-lemas del Partido Justicialista suelen llegar al centenar en cada elección y la UCR no le va en zaga en ese aspecto. A fuerza de ser sinceros, todos los partidos políticos de la Provincia de Formosa se han “peronizado”, incluido el Partido Socialista.
Obviamente todos los candidatos son designados por el gobernador y aceptados a viva voz por un multitudinario Congreso de Delegados. Inclusive todos los candidatos a Intendentes y Concejales del más miserable pueblo los designa el gobernador; la única condición es jurar lealtad al señor gobernador; prueba evidente que no le interesan los pueblos. Todos son generosamente habilitados con cuantiosas cantidades de dinero para comprar los votos que se cotizan al mejor precio; el trabajo sucio lo hacen los candidatos a intendentes y concejales. El premio mayor es que cada Intendente en su distrito maneja a su antojo todas las cuestiones de salud, educación, venta de terrenos fiscales, y toda otra cuestión que tenga que ver con la designación de empleados públicos.
Por otra parte, los organismos de recaudación y de control están todos intervenidos; también Vialidad Provincial, la Obra Social de los Empleados Públicos y las Empresas de Servicios Públicos. Las obras públicas no son realizadas por licitación pública sino mediante invitación a empresas constructoras sospechadas de pertenecer a testaferros del gobernador, ministros, diputados.
Un capítulo importante merece la Justicia Provincial desde su máximo organismo como lo es el Tribunal Superior de Justicia, cuyos jueces son totalmente controlados por el gobernador; algunos jueces han sido candidatos a legisladores nacionales y cumplieron su mandato sin pena ni gloria. La Legislatura Provincial Unicameral es llamada la Escribanía de Gildo; casi todos los proyectos de ley son enviados por el Ejecutivo siendo aprobados con un trámite rápido y a libro cerrado; los diputados de la oposición, todos de la UCR, no pueden hacer prácticamente nada y se debaten con la impotencia del imperio del número. ¿Debate en la Legislatura? Es algo desconocido por estas latitudes. El mismo panorama se observa en todos los Municipios, Comunas y Comisiones de Fomento; el gobernador es el que premia o castiga a un pueblo según el grado de obediencia debida; si está conforme, será premiado con alguna obra pública; si comete muchos actos de desobediencia en la próxima elección recibirá menos dinero para la campaña.
Esta pandemia del Covid 19 ha puesto en conocimiento de todo el país que el gobernador no habla con nadie; ha creado un grupo liderado por el súper ministro Jorge González, de Gobierno, Justicia, Trabajo y Seguridad; lo acompañan en las conferencias de prensa un par de médicos para responder las preguntas técnicas. En tiempos normales el gobernador sólo se dirige “al pueblo” cuando se desarrolla el programa Por Nuestra Gente Todo; programa que consiste en instalar todos los organismos del gobierno por algún barrio de la ciudad capital o en un pueblo; se limpian las calles, se cortan los yuyos, atención médica, odontológica, todo servicio que pueda hacer algún otro ministerio; normalmente dura una semana y en el último día habla Gildo Insfrán ya en su calidad de gobernador-intendente, pero no responde ninguna pregunta a nadie. ¿Conferencia de prensa? Es una palabra que no existe en el diccionario político del gobernador.
Se podrían decir muchas cosas más de las deformaciones de la democracia en la provincia de Formosa, pero hay una que es necesario e imperioso decirlo: Gildo Insfrán no es político, sino un comisario político; porque no gobierna con los políticos de su Partido y mucho menos con los opositores, sino con la policía. Todo lo que se ve en los noticieros de televisión y se lee en los diarios es justamente esa característica; los jefes policiales son los verdaderos socios políticos de Insfrán y nadie puede hacer nada. La policía ha dejado de combatir los delitos y los jueces a impartir justicia donde no la hay. La gente está totalmente indefensa si no tiene probada adhesión al gobernador. El objetivo es ganar las elecciones, no importa cómo ni con quién. Es necesaria la renuncia inmediata del gobernador y que se pongan en marcha los mecanismos legales de sucesión; una intervención federal puede ser peor remedio que la enfermedad. El reemplazo de todos los miembros del Tribunal de Justicia para que la población tenga la certeza de que las leyes serán aplicadas por jueces probos y profesionales sin contemplación ni discriminación. La Ley de Lemas debe ser anulada inmediatamente para que todos los partidos políticos tengan vida interna democrática y se constituyan en escuelas de civismo.
No es la violencia física ni verbal la manera de solucionar los problemas graves de salud, educación, empleo privado, radicación de industrias, fomentar la producción agrícolo- ganadera, maderera. Debemos desterrar para siempre este sistema político-policial; recuperar y consolidar la democracia y la justicia social. Está en gestación, embrionaria por ahora, esta idea que se conseguirá con tiempo, sudor y lágrimas.
Publicado en la revista nº 15 – Editorial Brujas. Córdoba. Argentina.
