1.- Comenzaremos estas líneas de actualidad, con un comentario que dice más de las energías sociales que de la política. El caso es que en 2023 se hizo una evaluación de todos los alumnos argentinos respecto a Lenguas y Matemáticas. El mejor resultado en todo el país ha correspondido a la escuela pública de Salsacate, un pueblo de 2200 habitantes, situado a tres horas de auto desde la ciudad de Córdoba. Similar o parecida performance han tenido las escuelas rurales del departamento Pocho. Un batacazo educativo en una zona donde no hay buena señal ni para el teléfono, el WhatsApp o el internet. Sin embargo esa limitación ha sido suplida con creces por la disposición amorosa de las directoras, las maestras, el municipio de Salsacate e incluso la policía.
Claudia Toledo es directora de la Escuela General San Martín de la nombrada localidad, que es justamente la cabecera del Departamento Pocho. Declara que allí no hay prácticamente deserción escolar porque si un niño empieza a faltar, “enseguida preguntamos y nos ocupamos de que el alumno vuelva al colegio”. Hay aquí pues, directora y maestras que no se limitan a la relación en el aula sino que trabajan con el niño y su familia. Qué lección de empatía y humanismo en medio de la sierra agreste!!
En ese contexto de escasa conectividad, la policía de lugar ha prestado una gran colaboración. Durante la pandemia de los años 2020 y 2021 allí se fotocopiaba para cada alumno el material de estudio que preparaban las maestras. A su vez, el municipio ha creado un polideportivo donde los chicos y las chicas pueden practicar deportes. Los alumnos almuerzan en los colegios, hacen allí su tarea y luego tienen parte de la tarde disponible. Será tan difícil multiplicar en nuestro territorio nacional, tan variado y desafiante compromiso con la educación? Vaya desde aquí nuestro testimonio de admiración a todos los protagonistas de esta hazaña educativa.
2.- Pasamos ahora al análisis de nuestra realidad nacional mientras va concluyendo el año. No somos opositores rabiosos sino ciudadanos con sentido crítico, dispuestos a aplaudir lo bueno y señalar lo malo. Lo hacemos con total abstracción de la popularidad del presidente y su gobierno. No somos una empresa encuestadora, ni formamos parte de partido político alguno como para especular en tal sentido. Tampoco nos entusiasma la estabilidad económica si la sociedad retrocede en otros aspectos. No lo ignoramos y siempre hemos condenado al kirchnerismo y sus derivaciones lamentables. También hemos denunciado el significado dictatorial de Cuba, Nicaragua y Venezuela, separando las aguas de una democracia progresista respecto de esas tiranías. Pero nos negamos a quedar entramados en la mañosa relación dialéctica entre mileinismo y kirchnerismo, porque uno y otro representan soluciones parciales y sesgadas en torno a las necesidades de la sociedad argentina.
Es evidente que el actual gobierno ha logrado una drástica reducción de la tasa de inflación en tan solo diez meses de gobierno, lo cual es destacable aunque cabe advertir que el gasto público es sólo uno de los dos grandes componentes de la inflación. El otro proviene de los precios exagerados en el comercio y la industria y allí comprobamos que el control de precios por el Estado ha fracasado siempre. Distinta vía es el control que pueden hacer los ciudadanos a través de las asociaciones de usuarios y consumidores que caminen por las góndolas y usen las redes para difundir sus comprobaciones. Recordemos que estas asociaciones fueron perseguidas por la Secretaría de Comercio durante el kirchnerismo.
Respecto a los acuerdos económicos de los actuales gobernantes, hay que agregar también que existen síntomas diversos, indicativos que sectorialmente estaríamos saliendo de la fuerte recesión, impuesta en su origen por el programa del Presidente Milei.
Hay que computar también, en el haber del oficialismo actual, una cierta mejoría en los índices de seguridad en todo el país. El esfuerzo del gobierno nacional de acompañar a las provincias en este aspecto, es ponderable, como lo reconocen las autoridades locales de jurisdicciones distintas.
Por último, se observa en general que se han visibilizado muy pocos casos de corrupción en funcionarios dependientes del gobierno nacional y cuando ello ha ocurrido, la respuesta oficial ha sido drástica. Tal el caso del relevo y reemplazo del precedente jefe de la Fuerza Aérea Argentina. En el mismo orden de ideas celebramos que se le haya quitado el nombre de Néstor Kirchner al importante Centro Cultural enclavado en Buenos Aires y que lleva desde ahora la reparadora denominación de Domingo Faustino Sarmiento.
No se entiende en cambio el encumbramiento de Carlos Saúl Menem en las imágenes de la Casa Rosada. Se trata de un personaje de nuestra historia condenado por actos de corrupción en segunda instancia, al igual que la señora Cristina Fernández de Kirchner.
3.- Dicho todo esto, corresponde ahora señalar los aspectos críticos de la gestión actual.
En tal sentido hay que señalar que gran parte de la reducción del gasto se ha efectuado en cuatro áreas muy sensibles de nuestra vida colectiva. En primer lugar identificamos la fuerte caída de los ingresos de nuestros jubilados y pensionados nacionales, que han perdido el 23% de su poder adquisitivo a partir de la asunción del gobierno.
Se ha producido además un notorio desfinanciamiento de las universidades. Se aprecia en los últimos meses que muchos docentes de las altas casas de estudio procuran acumular mayor cantidad de horas de cátedra o bien se marchan a la actividad privada en razón de la fuerte caída de sus salarios.
Otro segmento del ajuste deriva de la paralización de la obra pública con lo que ello significa en términos de estancamiento parcial de la construcción y la infraestructura. Por último, el gobierno ha dejado de cumplir con las provincias ciertos deberes financieros dispuestos por ley. En rigor el ajuste, sin dudas muy necesario, debiera canalizarse a través de los pocos impuestos propios de los países desarrollados, es decir aquellos que gravan las ganancias y el patrimonio. Debiera también establecerse el impuesto a la herencia en un trípode donde la política fiscal responda a parámetros concretos fácilmente determinables, con alícuotas proporcionadas a las capacidades contributivas y a la emergencia en que nos encontramos.
Con respecto a la cuestión universitaria quisiéramos hacer dos consideraciones fundamentales. Se sostiene que se han creado universidades públicas por doquier y de bajo nivel de enseñanza. Nuestra experiencia docente, de 45 años en las aulas de tales casas de estudio, nos ha permitido comprobar que en efecto, existen muchas universidades, públicas y privadas, donde la gran mayoría de los profesores titulares carecen del título máximo correspondiente a cada disciplina, lo cual hasta hace algunas décadas era imposible que sucediera. De modo que la auditoría que se pretende debe ser cuantitativa y cualitativa a cargo de la Auditoría General de la Nación dependiente del Congreso en el primer caso y de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación en el segundo.
Ello así porque en la AGN y el Congreso son expresión de un pluralismo que no colisiona con la autonomía universitaria. No puede correrse el riesgo de que el Poder Ejecutivo, so pretexto del control económico de las universidades se encamine hacia el disciplinamiento ideológico de la vida universitaria.
Las universidades públicas argentinas han sido atacadas con furia, ignorancia y mala fe. Una de las muletillas lanzadas por el mismísimo presidente de la Nación dice: “la universidad pública no le sirve más que a los ricos y a la clase media alta”.
Hemos sido profesores durante más de cuatro décadas y hemos tenido alumnos de toda clase y condición con predominio claro de los sectores medios. Pero la dificultad que tienen las familias pobres para acceder a los altos estudios se funda en fallas estructurales de la economía nacional y en las limitaciones de la enseñanza primaria y secundaria. Sin embargo encontramos con frecuencia pintores de viviendas, choferes de taxi, peluqueros y jardineros cuyos hijos van a la universidad y con esfuerzos notables concluyen sus estudios. Muchos jóvenes trabajan y estudian y así alivian a sus padres.
El ministro Caputo en el coloquio de IDEAS afirmó sobre las universidades una generalización obvia: “sabemos que roban”.
Una frase para escandalizar el auditorio aunque no sabemos si el señor Ministro, bajo los deberes de funcionario público, ha formulado alguna denuncia concreta.
Mientras tanto la Universidad Nacional de Córdoba ha puesto claridad respecto de su funcionamiento económico financiero.
Nos explica que el 90% de los fondos que envía la Nación son destinados a salarios. Esos fondos se aprueban mes por mes por el Estado Nacional sobre la base de la información que remite la Universidad en el marco del presupuesto aprobado por el Congreso, mientras que el 10% son gastos de funcionamiento. Estos gastos son informados semestralmente a la Contaduría General de la Nación, resumida anualmente en balances.
Otro aspecto muy preocupante es la incoherencia gubernamental respecto a su proclamada vocación de sanear las instituciones argentinas y destruir los bolsones corporativos de nuestra sociedad. En este sentido observamos que si hay una figura con los más altos niveles de desprestigio dentro de la justicia, ese es el juez Ariel Lijo. Mínimamente se trata de un especialista en “adormecer” causas complejas con políticos imputados hasta que el expediente alcanza la prescripción. Estos antecedentes y sus extraños vínculos amistosos que le genera su hermano, son vastamente conocidos y así ha sido denunciado por distintas organizaciones relacionadas con el derecho. Pese a ello el Presidente de la República, en silenciosa coincidencia con Cristina Fernández de Kirchner, persiste en el propósito de promoverlo como vocal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El propuesto es por otra parte, un hombre que carece totalmente de antecedentes académicos como para justificar su designación.
Otra muestra de incoherencia el presidente la ejerce respecto a la “casta sindical”. La Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el PRO han presentado un proyecto para democratizar los sindicatos. El propósito de esta iniciativa consiste en impedir las relecciones indefinidas de los dirigentes gremiales, cortar con los descuentos compulsivos a los trabajadores no afiliados y por último, obligar a esa dirigencia a transparentar los ingresos y los patrimonios.
Qué decir de nuestra política exterior!!
Es un valor entendido que un principio básico de la diplomacia en los países normales, ha de responder principalmente al interés nacional procurándose al mismo tiempo mantener vínculos tan amplios como sea posible con los organismos internacionales, con las entidades regionales y con los restantes estados que componen el concierto mundial. Lo actuado por nuestro gobierno, con motivo de la reciente consideración de la agenda 2030 de la ONU, es verdaderamente preocupante.
Ha entendido el presidente que las premisas que allí se contienen, son pautas colectivistas concebidas por un grupo de burócratas ideologizados en esa dirección.
Esa agenda en realidad, constituye un compromiso de objetivos a que adhiere la mayor parte de los países, al punto tal que en la actualidad las entidades financieras de crédito internacional exigen que la utilización de los fondos recibidos por los Estados, satisfaga el “cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible” que es el núcleo de la agenda 2030 y que no impone una vía de política económica determinada para alcanzar tales objetivos sino tan solo el respeto constante por las instituciones democráticas. Los países que hoy rechazan la Agenda ONU 2030 son Rusia, Nicaragua, Venezuela y Corea del Norte, de manera entonces que hemos quedado en mala compañía.
En los encuentros con sus colegas de América del Sur, el presidente Milei ha cruzado con severidad o ha ignorado a sus pares Lula, Boric y Petro bajo el concepto de que quien no piensa como él es inevitablemente un ignorante o un deshonesto al que le caben los peores epítetos.
Las más recientes posiciones argentinas en la ONU, son preocupantes. A propósito del vetusto y remanido tema del embargo comercial de los Estados Unidos a Cuba, el presidente echó de su cargo a la canciller Diana Mondino por haber ratificado la tradicional posición argentina junto a otros 189 países para que se levante el embargo. Ello con la sola oposición del país del norte e Israel. Es decir que ha habido en nuestra política exterior una sobreactuación inútil y peligrosa.
Argentina ha votado también contra la opinión internacional en temas sensibles como los derechos de los pueblos originarios y los derechos de las mujeres y los niños, aunque ha trascendido que el nuevo ministro Werthein cree muy razonablemente que estas posiciones deben ser rectificadas.
Es positivo que en el G20, con los buenos y discretos oficios, del Presidente Macrón, la Argentina haya firmado los dos documentos que se pusieron a consideración de los asistentes y que se vinculan con el hambre y la pobreza.
Por último, respecto a las verificaciones ideológicas que se pretenden llevar adelante en la cancillería, hay que pensar que la gran mayoría de los funcionarios son de carrera, de manera que en tanto estas personas ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones, la relación entre el gobierno y sus agentes debe ajustarse a las leyes y reglamentos que reconocen la estabilidad y el desarrollo de la carrera en cuestión.
Pasamos a analizar ahora la libertad de expresión, tal como se vive en este momento entre nosotros. Como se sabe, este derecho es uno de los más importantes en aquellas sociedades libres. En este sentido nadie podría decir que existe formalmente censura previa en el país. Si hay en cambio amenazas permanentes al periodismo independiente que se vierten en las redes adictas al presidente Milei. El propio presidente llama una y otra vez “ensobrados” o sea sobornados a las figuras de la prensa que no piensan como él. Un comportamiento impropio del jefe de gobierno de una república, que es liberal en el sentido político y jurídico de la palabra.
Es también equívoca la actitud presidencial respecto al trato dispensado a Cristina Fernández de Kirchner. Por una parte, Javier Milei ha resuelto cortarle los haberes previsionales de privilegio a la ex presidente. Se trata de una medida que recibe una lógica simpatía de gran parte de la población. Una persona condenada en doble instancia por delitos económicos contra el Estado no debería percibir esos haberes. Pero no hay norma legal alguna que así lo establezca, salvo el derecho estatal a comenzar a embargar mensualmente un porcentaje de los fondos asignados a Cristina por esa vía. Pese a que en algunas leyes se consagra la inembargabilidad de las jubilaciones, la jurisprudencia ha considerado viables las medidas cautelares sobre estos bienes e incluso cuando los haberes son importantes, el embargo puede alcanzar un tercio del total. Respecto a lo obrado por el presidente, al cortar de cuajo esta situación de privilegio, sin duda irritante, sería bueno saber si se ha tratado de una decisión personal o si por lo menos ha habido un dictamen jurídico de la ANSeS que lo justifique. Seguramente la ávida Cristina ha de ir a la justicia y sería conveniente saber cuál es el respaldo legal de esta decisión presidencial.
Javier Milei pudo haber instruido a su gente para votar el proyecto de inhabilitación para ocupar cargos públicos a personas condenadas en doble instancia por determinados delitos. La norma no ha podido sancionarse por la retracción de algunos diputados de diferentes bloques, entre ellos, varios pertenecen a la Libertad Avanza. Parece que Milei la quiere a Cristina candidata, para ganarle en Provincia de Buenos Aires la elección de medio término. En 2017 logró ese triunfo Esteban Bullrich sobre la dama. En 2019 Alberto Fernández era elegido presidente en tándem con aquella. Conviene tenerlo en cuenta.
Todas estas oscuridades políticas de un presidente económicamente exitoso y verbalmente agresivo hasta lo escatológico, importan poco a la mayoría de la población cuyas aspiraciones se agotan en el bolsillo y la seguridad. A la luz de estas aspiraciones que en este momento satisfacen a mucha gente, ello puede conducir al gobierno a una victoria en el comicio parlamentario.
Sin embargo a Milei y su modo de gobernar, lo limitan los recientes ganadores del premio Nobel de Economía, Daron Acemoghu (turco) y James Robinson y Simon Johnson (británicos). Ellos sostienen que fracasan los países, más tarde o más temprano, cuando dañan con el autoritarismo la calidad institucional, que además debe ser inclusiva para derrotar a la desigualdad social. Veremos qué sucede.
