Prácticamente desde comienzos del siglo veinte, los gobiernos de aquel país tomaron conciencia de que el sistema capitalista generado desde sus orígenes, era extremadamente precario para asegurar la salud de sus habitantes. Por tal motivo ya en 1912 el Presidente Theodore Roosevelt intentó poner en marcha un Sistema Nacional de Salud centralizado, más allá de los esfuerzos posibles de los distintos Estados federados. Sin embargo, como lo expresa Barack Obama en la primera parte de sus memorias (porque la segunda aún no ha sido escrita) “la mayoría de los estadounidenses pagaban cada visita al médico, pero el campo de la medicina se volvía cada vez más sofisticado y surgían nuevas pruebas diagnósticas y procedimientos quirúrgicos, los costes derivados empezaron a elevarse, lo que hizo más explícita la dificultad de la relación entre riqueza y salud”. Sin embargo recuerda el autor ilustre que “médicos y políticos sureños se opusieron con vehemencia a cualquier tipo de intervención gubernamental en la atención sanitaria, lo que consideraban una forma de bolchevismo”.
Muchos años más tarde, durante la segunda guerra mundial, otro Presidente del mismo apellido que el anterior, impuso la congelación de los salarios para contener la inflación.
En ese contexto, muchos empleadores comenzaron a ofrecer seguros de salud y planes de pensiones privadas como manera de estimular a sus trabajadores. Este sistema se mantuvo una vez finalizada la guerra a través de las negociaciones colectivas entre empresarios y organizaciones sindicales.
Aquellos se hacían cargo de los seguros y los sindicatos sumaban nuevos afiliados por esta vía.
Sin embargo, este sistema tenía sus limitaciones, ya que no abarcaba ni a los cuentapropistas ni a los desocupados que quedaban subordinados a una Salud Pública por entonces deficiente.
Otro gobernante que quiso mejorar el sistema fue Harry Truman, sucesor de Franklin Delano Roosevelt. Truman pugnó durante su presidencia, entre 1945 y 1949, por un Sistema Nacional de Salud. Su iniciativa contó con la oposición de la Asociación Médica de los Estados Unidos y las industrias vinculadas a la medicina.
Estas organizaciones, según Obama, “convencieron a amplios sectores de la ciudadanía en el sentido de que la ‘socialización de la medicina’ conduciría al racionamiento, a la imposibilidad de elegir médico de cabecera y a la pérdida de las libertades que los estadounidenses tanto aprecian”.
Pasaron veinte años para que el sistema de salud norteamericano diera un efectivo y fundamental paso adelante. En la presidencia de Lyndon B. Johnson, sucesor de John F. Kennedy, se crearon los programas Medicare y Medicaid que dieron cobertura médica al 80% de los estadounidenses.
Es decir que a partir de ese momento, los habitantes del país accederían a un servicio económico de salud para sus bolsillos a través de tres vías distintas: el seguro derivado del convenio colectivo y los dos programas estatales que ya hemos mencionado.
Sin embargo por diferentes motivos casi una quinta parte de la población vivía bajo el riesgo de que una enfermedad o un accidente la dejare en la ruina económica.
Para colmo de males, durante la década final del siglo veinte, las empresas comenzaron a contratar seguros más económicos, que prescindían de ciertas prestaciones derivadas de la evolución de la medicina, tales como los diagnósticos por imágenes o la provisión de nuevos medicamentos capaces de salvar vidas humanas. A su vez las compañías aseguradoras establecieron nuevos y más altos límites de cobertura. Al decir de Obama aparecían en las pólizas “otras desagradables sorpresas en la letra pequeña”. Agrega que “las empresas aseguradoras perfeccionaron el arte de rechazar clientes que traían una enfermedad previa, desde un cáncer, curado o no, hasta asma y alergias crónicas”.
Lo cierto es que al llegar Obama al poder en enero de 2009 había cuarenta y tres millones de estadounidenses sin seguro médico y las pólizas para una cobertura familiar se habían encarecido el 97 por ciento desde el año 2000.
A partir de estos datos el presidente elegido elabora el llamado “proyecto de seguro individual obligatorio” sobre la base de tres aspectos principales.
1º) Cada individuo estaría obligado a contratar un seguro individual obligatorio.
2º) Las personas con ingresos intermedios que no reuniesen los requisitos para beneficiarse con los programas Medicare o Medicaid, y que a la vez, tampoco pudieran costearse un seguro por su cuenta, recibirían un subsidio público para hacerlo. La cuantía del subsidio se determinaría según un baremo basado en los ingresos de cada persona.
3º) De esta manera las compañías aseguradoras dispondrían de una gran cantidad de nuevos asegurados, beneficiarios de subsidios públicos. Al mismo tiempo y por el motivo apuntado, las compañías de seguro ya no tendrían excusas para limitar sus servicios a las personas sanas y jóvenes con el argumento de proteger sus patrimonios.
El gran problema del proyecto sin embargo era la financiación del subsidio, motivo de crítica, no solamente en el Partido Republicano sino también en el ala conservadora del Partido Demócrata.
Por tal motivo, para atenuar los recelos, Obama convocó al demócrata conservador del Estado de Montana, Max Bancus, para que se encargara de resolver el problema del financiamiento en cuestión.
Bancus lo primero que hizo fue juntar a su grupo de colaboradores y calculó hasta qué monto ascenderían las ganancias que la nueva multitud de asegurados supondría para hospitales privados, industrias farmacéuticas y empresas aseguradoras.
A partir de sus conclusiones “usó” esos montos para negociar anticipos atractivos a cada una de estas industrias vinculadas a la medicina y a cada uno de los grupos aseguradores.
También imputó parte de estos fondos para negociar reducciones de los montos de los servicios y prestaciones a cargo de la estructura estatal Medicare.
Bancus concedió a los grupos de presión de las industrias farmacéuticas, que el proyecto de ley no incluiría disposiciones que permitieran una mayor importación de medicamentos provenientes de Canadá. Se trató sin dudas de una concesión proteccionista en detrimento de medicamentos más baratos generados en el país vecino.
Esta determinación crudamente pragmática, obedeció a la necesidad de no perder el voto de ningún parlamentario oficialista, ya que los laboratorios e industrias farmacéuticas estaban radicadas u operaban en muchos Estados gobernados por el Partido Demócrata.
Asimismo, para que el sistema funcionara, era necesario regular los honorarios de los médicos y hospitales. A tal efecto se propició una Comisión Independiente, aislada de la política para limitar ciertos estipendios exorbitantes. Se trataba de establecer los montos de las prácticas, basándose en parámetros concretos y equitativos.
Otra gran propuesta para reducir costos consistió en poner un tope a las deducciones de los impuestos que pagaban los llamados asegurados VIP (ejecutivos de empresas y profesionales de altos ingresos). El proyecto además exigía a las compañías aseguradoras que cubrieran los chequeos rutinarios y la atención preventiva de la salud sin ningún costo adicional.
Obama, a través de este proyecto, obraba siguiendo la vieja obsesión del legendario Edward Kennedy, para quien el seguro social obligatorio y en casos necesarios subsidiado, era “el gran asunto pendiente de nuestra sociedad”. Decía Kennedy que “lo que afrontamos es sobre todo una cuestión moral; no sólo están en juego los detalles de determinadas políticas, sino los principios fundamentales de la justicia social y el carácter de nuestro país”.
Reconoce Obama que “se debió eliminar del proyecto la idea de una compañía de seguros estatal sin fines de lucro porque esa idea dentro del proyecto hubiera impedido la necesidad de alcanzar la mayoría requerida en el Senado para lo cual resultaban imprescindibles algunos votos de senadores republicanos”. Una vez que el proyecto estuvo terminado, recibió el apoyo de diversas instituciones vinculadas directa o indirectamente a la salud pública: la Academia Estadounidense de Medicina, la Asociación de Enfermeras Estadounidenses y la Asociación Estadounidense del Corazón.
La Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos anunció que no podía respaldar el proyecto, ya que a su criterio, el lenguaje que prohibía el uso de subsidios federales para realizaciones de abortos no era suficientemente explícito.
Sin embargo en tales circunstancias el gobierno encontró una aliada inesperada. Nos referimos a la hermana religiosa, Carol Keehan, una monja de sesenta y seis años perteneciente a la Sociedad Apostólica Hijas de la Caridad. Esta decidida mujer inspiró a más de 5000 monjas estadounidenses a firmar una carta pública de apoyo a la ley que fue aprobada y aplicada en definitiva como “Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible”.
No bien llegado al gobierno el Presidente Trump inició una febril campaña contra la ley a la que sin embargo no pudo derogar, registrándose resistencias a tal intención dentro de los grupos más moderados de su propio Partido Republicano. Sencillamente se empecinó en retacear los fondos destinados a la normal aplicación de la ley. Ello determinó a su vez que el fiscal general del Estado de Nueva York, Eric T. Schneiderman se mostrara dispuesto a promover una demanda contra el fin del pago de los subsidios.
El Fiscal General dijo que “no voy a permitir que el Presidente Trump otra vez use a las familias de Nueva York como fichas de su peligrosa campaña partidista para destripar la Ley de Salud Asequible”.
“Este verano, los tribunales admitieron nuestra intervención para defender estos vitales subsidios y la calidad de la atención sanitaria asequible que proveen a millones de familias en el país”, agregó.
Por su parte, la diputada republicana Ros Lehtinen, representante de Florida, arremetió contra la medida anunciada por el gobierno manifestando que “cortar los subsidios implica más personas sin seguro en mi distrito. El presidente prometió más acceso a una cobertura asequible. Esta política implica lo contrario”.
En su impotencia Trump llegó a pedir a la Corte Suprema que suspenda la aplicación de la ley en plena pandemia, por lo que entonces la portavoz demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó la medida como de una “crueldad inconmensurable”. Unos 20 millones de estadounidenses podrían haber perdido su cobertura sanitaria, una situación que hubiera sido extremadamente grave para personas con preexistentes problemas de salud.
Por fin el actual presidente Joe Biden ha ordenado un nuevo empadronamiento para aquellas personas que carecen de seguros subsidiados y ha dispuesto la revisión de todos aquellos casos en los cuales el retaceo de fondos dispuesto por Trump haya afectado a personas con enfermedades crónicas o graves, a las que históricamente ha costado encontrar cobertura. Téngase en cuenta que “un estudio de la entidad Fair Health del pasado julio situaba en 34.662 dólares el coste medio del tratamiento por Covid para pacientes de entre 20 y 30 años y de 45.683 dólares para los de entre 50 y 60 años, si bien el plan de rescate incluía ayudas públicas para la pandemia, una especie de excepción dentro del modelo.
La conclusión que podemos obtener en este breve trabajo, es que aún en el país más poderoso de la tierra, el capitalismo hace agua en servicios esenciales como la salud, y en tal caso la solución no viene del mercado, sino de políticas públicas decididas y valientes. Es que como ha dicho muy gráficamente Jorge Fernández Díaz en sus reflexiones editoriales “sin el mercado no se puede pero sólo con el mercado no alcanza”. En este caso concreto, el mercado asegurador juega un rol fundamental para la salud de los estadounidenses pero ha debido ser inducido a un cambio de actitud a través de fondos públicos esenciales. Es la síntesis entre capitalismo y socialismo democrático que avizoró Stuart Mill en el pasado y que repica Juan José Sebrelli en el presente.
FUENTES CONSULTADAS
- Obama, Barack. “Una tierra prometida”. Editorial Debate, págs.. 481/513. En particular págs 213, 316, 330, 733 y 811.
- https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41605560
- https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-02-28/biden-amplia-la-cobertura-sanitaria-tras-anos-de-restricciones-de-trump.html
- Fernández Diaz, Jorge. “Una historia argentina en tiempo real”. Espejo de la Argentina. Planeta, pág. 965.
